Los Derechos de Los Niños

La Vulneración de derechos de los Niños y Niñas en Colombia: el círculo vicioso de la protección institucionalidad

Angélica Álvarez Rodriguez

Psicóloga. Colombia.

Colombia es un país de contrastes radicales. Del mismo modo que en muchos países de la región latinoamericana la acumulación de las riquezas en pocas manos y la gran pobreza distribuida en la mayoría de la población es por definición su principal característica. Las relaciones de clase social, raza y género marcan al igual que toda la población dichas asimetrías, solo que en los niños y niñas se profundiza porque es la población más vulnerable.

A pesar que el ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución Colombiana (1991) y su ordenamiento legal articulado a Convenios internacionales en donde se establecen como “derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión” (C.P. art.44) el contraste con la realidad social muestra la ausencia de dichos mandatos. Incluso, pese a que el ordenamiento jurídico señala una protección especial “contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”, los niños y niñas, la mayoría de ellos, los que no pertenecen a las clases económicas poderosas, los niños y niñas a travesados por su condición social, su raza y su género se ven segregados por la economía, la política y la cultura desarrollista.

En el margen de los niños y niñas que viven la crudeza de la pobreza, la segregación y la exclusión hay unos que viven una experiencia muy particular. Me refiero a aquellos que ingresan en el Sistema Nacional de Protección debido a que se les ha vulnerado alguno de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico. La idea de protección asumida por el sistema estatal resulta una de las muchas paradojas de la democracia, ya que una primera impresión nos lleva a pensar que hay formas institucionales de garantizar sus derechos pero una mirada detallada nos confirma que sus derechos no solo se mantienen vulnerados sino que en ocasiones nuevas vulneraciones emergen en el tránsito del sistema que pretende defenderlos.

Esta tesis pretende mostrar cómo la protección institucional de los niños y niñas a veces se ve envuelta en un círculo vicioso de nuevas vulneraciones. El objetivo no es otro que reflexionar sobre los mecanismos institucionales para generar alertas [que ya no son tempranas] y poner de manifiesto la imperiosa necesidad de viabilizar la transformación del orden institucional y el manejo de la política de infancia en Colombia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el maltrato infantil es definido como los abusos y la desatención de que son objeto los niños y niñas, e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, exposición a cualquier forma de violencia y explotación comercial o de otro tipo; entorpeciendo su desarrollo integral en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, es decir, que puede ser perpetrado por parte de sus padres, adulto responsable o cualquier persona que tenga una relación de dependencia con él.

En Colombia según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), de las lecciones no fatales según su etiología como violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito y lecciones accidentales, la violencia intrafamiliar ocupa el segundo lugar en ocurrencia. Este comportamiento en las cifras ha sido constante desde el 2007. Revela que los casos de violencia intrafamiliar incrementan cada día más; durante el 2009 se conocieron 93.859 casos de violencia intrafamiliar, mostrando un incremento de 4.056 casos respecto al 2008.

En el 2009 el INMLCF reporto 13.952 casos de maltrato infantil en estadísticas indirectas. A nivel rural donde no se cuenta con una Unidad Básica [para ser denunciadas] se reportaron un total de 142 casos. Mostrando un incremento de 175 casos respecto al 2008. De estos casos, el mes de mayo muestra el índice más alto con 1.339 casos; seguido por octubre (1282), septiembre (1227) y julio (1191). Los demás meses oscilan entre 1189 y 1092 casos. En los meses donde se reportan el menor número de casos son diciembre y enero con un índice de 1005 y 1036 casos respectivamente. En relación con el día, se presentan más casos de maltrato infantil los días domingo (2127) y miércoles (2167), seguidos por los días jueves (2098), lunes (2091) y martes (2082); los días con menor índice son los viernes (1811) y los sábados (1303). Una relación estadística que muestra la exposición de niños y niñas a maltratos y que pone de relieve un serio problema que debe ser tomado con responsabilidad y urgencia.

EFECTOS DEL MALTRATO Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN:

En general las consecuencias y efectos del maltrato influyen a nivel emocional, cognitivo y social, evidenciado en las relaciones que los niños y niñas establecen consigo mismo, con los demás y con el mundo. Ellos perciben que sus conductas, capacidades y habilidades se encuentran en un nivel inferior, por esto su toma de decisiones, resolución de conflicto y la manera de enfrentar las situaciones depende principalmente de lo esperado por su grupo de referencia, dificultando el desarrollo adecuado de procesos como autoestima, autoconcepto, autoimagen, autonomía y autoridad. Es poco común que en los niños, niñas y adolescentes se presente únicamente un tipo de maltrato, generalmente las situaciones traen consigo una mezcla indiscriminada de todos las formas representativas del mismo. Igual sucede con sus consecuencias y efectos, pues no se presentan de manera aislada, es imposible atribuir efectos propios y únicos a cada tipo, además porque están estrechamente relacionados con la frecuencia e intensidad con la que se presentaron las situaciones.

En el plano cognitivo, las consecuencias y efectos se asocian a una seria de dificultades en el aprendizaje y en las relaciones que establecen, lo que genera que su comportamiento sea evitativo, tendiente al aislamiento, la agresividad y la culpabilidad; además su rendimiento académico no es el esperado para su etapa de desarrollo. En muchos casos les resulta difícil reconocer las necesidades y sentimientos propios y los de los otros, y no comprenden a cabalidad las consecuencias reales de sus actos, lo que implica que sea difícil mantener una relación de corresponsabilidad. Su concepto de ineficacia y dudas frente a sus actos y los de los demás entorpece sus interacciones. Su adquisición de habilidades y su correlación con el medio se ven limitadas al permanecer en ambientes carentes de estimulación, acompañamiento, supervisión y atención constante, repercutiendo en la asimilación de los comportamientos propios en cada contexto.

La Institucionalidad aparece cuando el niño, la niña o adolecente, ingresa al sistema para ser protegido de alguna vulneración de sus derechos. El ingreso suele ser de oficio o a solicitud de parte cuando se pone de relieve la posible vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente, y la solicitud puede ser verbal o escrita, presentada por el representante legal, la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, directamente por el niño, niña o adolescente y en general por cualquier persona que conozca de la vulneración, de este modo se inicia el proceso de garantía constitucional. La autoridad competente deberá, de manera inmediata, verificar el estado de cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, comprobando, el estado de salud física y psicológica, el estado de nutrición y vacunación, la inscripción en el registro civil de nacimiento, la ubicación de la familia de origen, el entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos, la vinculación al sistema de salud y seguridad social y la vinculación al sistema educativo.

Estos diagnósticos le servirán de sustento para definir las medidas pertinentes para el restablecimiento de los derechos, tales como, amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico, retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar, ubicación en un programa de atención especializada, ubicación inmediata en medio familiar, ubicación en centros de emergencia, cuando no procede la ubicación en los hogares de paso, la adopción o cualquier otra medida que garantice la protección integral de niños, niñas y adolescentes, siempre propendiendo por el acompañamiento de la familia.

Sin embargo, en la práctica se observa que en la mayoría de los casos, indiscriminadamente, se aplican como medidas de protección la ubicación en centros de emergencia, hogares de paso y adopción, y es allí donde comienza una nueva etapa que suma consecuencias y efectos a los propios del maltrato. Los efectos de la institucionalización, dependen en gran medida del tiempo de permanencia, el tipo de institución y la calidad de la atención recibida. Las instituciones son ambientes hostiles en la mayoría de los casos, debido a que los niños y niñas deben compartir con pares, cuyo repertorio conductual producto muchas veces de su aprendizaje y modelación, es agresivo, lo que dificulta la interacción, integración, adaptación, así como las relaciones consigo mismo y las demás personas. El nuevo ambiente se vuelve una especie de crisol donde se funden las diferentes conflictividades.

Los cuidadores castigan las conductas de los niños y niñas basados en sus concepciones y su estado emocional, lo que genera que ante el mismo comportamiento reaccionen de diversas maneras e impongan diferentes sanciones produciendo una doble pauta de comportamiento, que en los niños y niñas dificulta la identificación de las consecuencias de sus actos y el reconocimiento de las conductas y comportamientos socialmente esperados. De igual forma la mayoría de las decisiones son tomadas por terceros, lo que impide que los niños y niñas expongan sus puntos de vista y participen activamente en sus decisiones de vida, imposibilitando la creación de estrategias para enfrentar sus propios desafíos.

Es decir que las instituciones tiende a establecer estándares, para suplir las necesidades de los niños y niñas como una unidad, por ejemplo se estipula las cantidades calóricas que deben comer, el numero de prendas que deben tener, el horario que deben seguir, las intervenciones que deben recibir, entre otras, pero olvidan aspectos de igual o mayor relevancia, como quien será su sustituto afectivo, en quien podrá confiar, de igual modo se excluyen sus costumbres, creencias y hábitos, aquellos que hacían parte de su realidad, descalificando por completo su persona y su contexto, imponiendo nuevas rutinas basadas única y exclusivamente en las ideas del personal institucional.

Las instituciones son ambientes en los que hay demasiados niños y niñas, por tanto se tiende a identificarlos en su mayoría por la emisión de comportamientos inadecuados, generando un estereotipo negativo que aumenta la probabilidad de que siga emitiendo dicha conducta. De igual forma, su proceso de institucionalización acarrea que en los diversos espacios donde se desenvuelven – colegio, centros de recreación, etc.- sean estereotipados y tratados como “diferentes”, obstaculizando el establecimiento y formación de la identidad, la autoestima y el sentido de pertenencia. La sobrepoblación impide que los adultos establezcan relaciones afectivas significativas con los niños y niñas imposibilitando la construcción de lazos afectos, de solidaridad y de compañerismo. La idea del servicio como cuota de atendidos los termina convirtiendo en un dato gubernamental y los deshumaniza.

Se hace pertinente revisar las condiciones a las que están expuestos los niños y niñas en las instituciones, ya que estas son un factor relevante en la exacerbación de las dificultades y en la “superación” de las mismas. Tales condiciones se deben evaluar desde el plano físico y emocional. Este ambiente debe posibilitar que ellos puedan resignificar sus vivencias pasadas enfrentándolas y asimilándolas de manera adecuada y minimizar así sus efectos. Es importante que las instituciones tengan en cuenta los antecedentes por los cuales los niños y niñas ingresan y el proceso que se ha llevado a cabo por las diferentes instancias, permitiendo que sea un trabajo integral y articulado, facilitando que se alcancen los objetivos propuestos, se modifique el plan de intervención y se reformulen los objetivos de acuerdo a los avances, dificultades y hallazgos a lo largo del proceso.

Hay una delgada línea entre los efectos derivados de las situaciones a las que los niños y niñas estuvieron expuestos antes de ingresar al sistema de protección y los propios de la institucionalización, debido a falta de investigación, además porque serán evidentes a corto, mediano y largo plazo. De allí la necesidad trazar la pedagogía para abordar las problemáticas subyacentes y trabajar de manera articulada integrando las consecuencias propias de las situaciones que presiden el ingreso y los efectos de la institucionalización. Por consiguiente, es importante revisar los efectos que acarrea la institucionalización, la pertinencia de las medidas aplicadas, y la exploración de otras que permitan el restablecimiento de derechos, con menores impactos negativos.

FALENCIAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Durante el recorrido y en la práctica se detectan falencias en el sistema de tipo administrativo y pedagógico, que repercuten en el quehacer de las instituciones y autoridades, dificultando el cumplimiento a cabalidad del objetivo del restablecimiento de derechos.

En la búsqueda de documentación, se refleja la falta de sistematización articulada que permita tener información clara y precisa frente a los antecedentes familiares, los procesos a los que han estado vinculadas, las medidas utilizadas, las ayudas estatales y particulares que reciben o recibieron, y las fortalezas y dificultades presentadas a lo largo de los procesos. La ausencia de información repercute negativamente, al no tener el conocimiento de procesos anteriores se debe iniciar de cero. Si los funcionarios contaran con información histórica podrían comprender el recorrido de las familias y la intervención tendría un direccionamiento constante. El conocimiento previo de la familia permite que se valoren los cambios positivos que ha tenido a lo largo del tiempo e identificar patrones conductuales.

Al proporcionar ayudas indiscriminadamente, sin un análisis real de la situación y una política de transformación social el Estado se convierte en asistencialista. Este hecho inmoviliza la consciencia social porque no produce procesos de participación, de interacción y cambio. Es evidente que el maltrato sobre los niños, niñas y adolescentes está vinculado a la realidad social, política y económica del país y no fuera de ello. Cuando la vulneración de los derechos se desvincula de las realidades estructurales y particulares que la producen se cae en una visión médica y sesgada, donde el maltrato es tomado como una especie de “enfermedad social”. Esta visión admite de soslayo el trato superficial de un problema social donde no se ataca el problema mismo. Por tanto, se debe contar con una base de datos fundamentada en criterios claros y específicos relacionados con las normas nacionales e internacionales, articulando los debates sociales, políticos y culturales que permitan tener un concepto claro y progresivo de las familias y la sociedad. La dificultad real no radica en la carencia de recursos o de políticas sino en la ausencia de trabajo en las problemáticas subyacentes y reales, es decir, que no se pone en tela de juicio las políticas que establecen el quehacer con los niños y niñas, sino a los funcionarios que las ponen en práctica, pues de ellos depende su efectividad; podríamos modificar nuevamente las leyes, pero con esto no acabaríamos el problema, para llegar a la raíz se debe contar con un ente que realmente regule el desempeño y labor de los funcionarios.

La información existente frente a los índices de maltrato y la realidad institucional es limitada, privando a la sociedad en general de conocer la magnitud de la problemática, pues las cifras publicadas son solo la cima del iceberg y las reales son de uso privado, posiblemente debido a que el ICBF actúa como juez y parte, lo que impide un proceso neutral y objetivo. Por tanto se debería contar con una veeduría externa al ICBF, que ofrezca datos veraces y reales. La publicación de los datos permitiría que la sociedad juegue un papel más activo frente a la realidad de los niños y niñas, y accionara de cierta manera como un ente regulador. Con la publicación de los datos sobre los niños y niñas no se vulneraria su derecho a la confidencialidad ni a la privacidad pues se trabajaría sobre datos anónimos. De lo que se trata es de ambientar socialmente el problema, colocarlo sobre una agenda política para la reflexión, donde la información y la documentación del problema jueguen un papel determinante como agitador social y para concientizar a la población en general.

Otro aspecto recae sobre los maltratadores, según el Código de Infancia y Adolescencia, el funcionario que recibe el caso junto con su equipo interdisciplinar debe verificar las condiciones físicas y psicológicas con las que llegan los niños, niñas y adolescentes, y tendrán la obligación de promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar, especialmente si advierte la ocurrencia de un posible delito. Sin embargo a pesar de ser sobre los niños y niñas los que recae el maltrato, son ellos quienes son desarraigados de su medio ambiente, de su cotidianidad y quienes deben enfrentar la separación familiar y el ingreso a una institución; mientras los autores del maltrato continúan con su cotidianidad sin asumir las consecuencias de sus actos, con ello no se trata de generar un sistema de venganzas, sino de crear un sistema de responsabilidades compartidas en virtud del principio de corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado, tenemos la obligación de asistir y proteger la infancia y adolescencia, para garantizar su desarrollo armónico e integra y ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, generar de manera conjunta e interdependiente un tejido de acciones que permitan la realización real, integral y simultánea de sus derechos y exigir a la autoridad competente la sanción de los infractores. Sin embargo en la práctica ello no sucede.

El género juega un rol activo en el maltrato, como lo han señalado las amplias discusiones del siglo XX y XXI, el patrón de poder patriarcal de la sociedad determina en gran parte las conductas de abuso sexual y de violencia. Muchos maltratos se articulan a la idea de la “mujer”, a los roles que debe cumplir en la casa y a la satisfacción que debe brindar a la sociedad patriarcal. Aunque todos, niños y niñas, son producto de vulneración de derechos, el rol hombre-mujer en la sociedad las ubica en una nueva vulnerabilidad. Se evidencia la necesidad de realizar investigaciones dirigidas en su totalidad a los niños, niñas y adolecentes indistinto su género, pues es de vital importancia contar con una perspectiva global de la situación, a pesar de ser las mujeres las principales víctimas del maltrato, no se debe dejar de lado la realidad a la que son sometidos los niños, esto permitirá realizar acciones que suplan las necesidades y problemáticas de la totalidad de población, es decir, niños, niñas y adolecentes.

Igualmente, es importante tener datos frente a la institucionalización a nivel internacional, pero dichos estudios y experiencias se deben complementar con estudios a nivel local, fomentando el conocimiento y permitiendo establecer programas de promoción, prevención y rehabilitación acorde a nuestras necesidades, pues las condiciones sociales, culturales, familiares y las problemáticas sociales son diferentes en cada país. Colombia en particular, relacionado a su conflicto armado interno, el desplazamiento, el desempleo, el narcotráfico y la corrupción del Estado hace que sea relevante ubicar la vulneración de derechos sobre el plano de su particularidad.

Debido a sus características los niños y niñas deben contar con atención calificada, para esto es pertinente tener el personal suficiente y con la capacitación previa y pertinente, esto implica que la atención proporcionada sea de calidad; cabe resaltar que en muchas ocasiones debido a las situaciones que experimentaron antes de su ingreso y a los efectos propios de la institucionalización los niños y niñas requieren de un apoyo y acompañamiento extra, que posibilite que superen y resignifiquen su historia, esto permitirá que se integren y desenvuelvan adecuadamente en la sociedad, de lo contrario los efectos característicos del maltrato y la institucionalización se exacerbaran y se harán presentes a lo largo de sus siclo vital. Si las problemáticas son atendidas a tiempo no requerirán de intervenciones futuras.

Los niños y niñas aprenden las conductas y los comportamientos presentes en los escenarios de los que han sido parte y tienden a repetir sus repertorios con otros, es decir, si un niño o niña, ha estado expuesto a situaciones de tipo sexual, tiende a repetir dicho comportamiento con sus pares, generando que se exponga a estos a una situación de riesgo y vulneración a la que posiblemente antes no estuvieron expuestos, contrariando el fin último del restablecimiento de derechos y ocasionando que dichos comportamiento se perpetúen y trasmitan a otros niños y niñas. Por esto, antes de su ingreso a las instituciones se deben realizar investigaciones con el objetivo de tener claridad del motivo central y real por el que ingresan, dependiendo de este, se deben ubicar a los niños y niñas en determinadas instituciones; facilitando el establecimiento de programas de promoción, prevención y rehabilitación dirigidos a temáticas particulares. De esta manera las instituciones serían “centros especializados” con capacidad de contenerlos y satisfacer sus necesidades y realmente se minimizarían los efectos relacionados con las experiencias vividas.

Durante la experiencia se encuentran constantes quejas informales por parte de las familias frente al trato recibido, la información y atención proporcionada por las entidades desde el inicio del proceso de restablecimiento de derechos, estas quejas son de manera informal debido a que las familias suelen creer que hacerlas de otro modo repercutiría en el proceso, ocasionando que sus hijos no sean reintegrados a medio familiar. En muchas ocasiones las familias consideran al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como entidad que identifica sus dificultades y les “quita sus hijos” y no como un estamento protector de la familia y los niños y niñas. Esta concepción influye negativamente en la relación que la familia establece y mantiene en el proceso, generando que no busquen su ayuda y acompañamiento, en su lugar buscan ocultar sus problemáticas, las familias centran sus esfuerzos en identificar lo que el sistema espera de ellos, realizando en su mayoría lo que se le exige, pero en realidad no entienden la pertinencia de los cambios que realizan o deben realizar; por tanto los cambios realizados por las familias suelen ser momentáneos y no se perpetuán en el tiempo, generando que las situaciones de vulnerabilidad persistan colocando nuevamente a los niños y niñas en situaciones de riesgo; la ineficacia del proceso implica que posiblemente ellos reingresen al sistema.

Es pertinente generar diversas estrategias para que las familias y personas tengan una relación diferente con el ICBF, esto permitiría conocer a cabalidad las dinámicas familiares y las situaciones que ocasionan que se vulneren los derechos de los niños y niñas. Cabe aclarar que el Código de Infancia y Adolescencia faculta a la autoridad competente para que tome las medidas pertinentes de acuerdo a las características y el análisis realizado en cada caso, por tanto no toda vulneración de derechos acarrea institucionalizar a los niños y niñas.

Es necesario que todas las personas que hacen parte activa de las instituciones de protección conozcan lo referente al proceso de restablecimiento de derechos, los trámites y las acciones a seguir, esto permitirá que las familias cuenten con la atención y apoyo que requieren. De igual manera, la familia es un protagonista principal en el proceso de restablecimiento de derechos por tanto la institución debe interesarse por conocer profundamente lo que sienten y piensan del proceso, así como la efectividad de las intervenciones.

Las familias deberían contar con apoyo, acompañamiento e intervenciones, con la finalidad de promover la adquisición de habilidades y estrategias para enfrentar y solucionar las circunstancias que hacen parte de su cotidianidad sin poner a los niños y niñas en situaciones que vulneren sus derechos. Este proceso se debe realizar sin retirar a los niños y niñas de su medio familiar, al no ser que estuvieran en un riesgo inminente. De esta manera, las familias se vincularían de forma más efectiva al proceso y se evitaría el sobre cupo de niños y niñas en las instituciones permitiendo que muchos tengan atención personalizada.

Hay un punto crítico frente a las denuncias de los casos de maltrato infantil, pues los niños y niñas a pesar de ser los principales actores dependen de las diligencias realizadas por un tercero. En muchos casos ellos acuden a sus progenitores o a su cuidador principal ante dichos eventos y situaciones, pero estos les restan importancia y no los ponen en conocimiento de las entidades pertinentes, lo que ocasiona que los niños y niñas sigan experimentado dicho maltrato. Esto puede estar relacionado en muchas ocasiones a concepciones y patrones culturales, que permiten que este comportamiento se perpetúe generando que los derechos de los niños y niñas continúen siendo vulnerados. Por tanto se requiere reeducar a la comunidad con la finalidad de que cambie algunas de sus concepciones y se relacionen de manera diferente con los niños y niñas.

Las medidas utilizadas para monitorear los procesos adelantados en las instituciones que funcionan como satélites del ICBF, no dan cuenta de la calidad de la atención proporcionada. El objetivo de supervisar a las instituciones, es entre otros, verificar que se lleve a cabo el debido proceso y se restablezcan los derechos de los niños y niñas, por ende las auditorias y supervisiones realizadas por los funcionarios deben realizarse sin previo aviso, esto permitirá que el ente regulador identifique las fortalezas y las dificultades al interior de cada institución. En la medida de lo posible se les debe preguntar a los niños y niñas en qué consiste la intervención, cada cuanto la reciben, cuales son los objetivos de la misma y qué efectos tiene en ellos; esto permitirá corroborar los datos reportados en los informes y también proporcionaría información de primera mano en relación con los sentimientos y percepción que tienen los niños, niñas y adolecentes de la institucionalización.

El proceso de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes necesita de una constante revisión. Es evidente que la institución que pretende protegerlos genera una nueva situación de conflictividad. Más allá de las recomendaciones mínimas a lo largo del documento y de la problemática expuesta se deben explorar nuevos enfoques que superen la visión de clínica social en la que muchas veces por nuestra profesión estamos envueltos. Es necesario proyectar nuevos debates que vinculen a las familias y las comunidades que la circundan. La vulneración de derechos es de tipo social, político y económico y se expresa como hemos visto en puntos concretos de la sociedad y en poblaciones específicas. La relación de lo general y lo particular es de gran importancia porque no sustrae el problema como si fuera una parcelación de la realidad pero tampoco la deja abstracta sin posibilidad de resolverse.

Los niños, las niñas y los adolescentes son el futuro pero por sobre todo son el ahora, son nuestro presente, son aquellos que viven con más dolor los rigores del conflicto social y armado, sus causas y consecuencias directas e indirectas. Sobre ellos deben recaer nuestros esfuerzos, un esfuerzo que solo es posible articular con éxito cuando se vincule a la sociedad y se asuma políticamente las problemáticas en las que están envueltos.

https://es.scribd.com/doc/289622188/Taller-de-Informatica-Juridica

La Esclavitud Laboral

QUE ES LA TRATA

Explotación Laboral

El delito de trata se configura cuando se ofrezcan, capten, trasladen, recepten o acojan personas con fines de explotación laboral.

La explotación laboral implica que las víctimas sean reducidas o mantenidas en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, o se las obligare a realizar trabajos o servicios forzados.

El consentimiento de la víctima jamás podrá ser tomado como una eximición de la responsabilidad. 

La trata de personas con fines de explotación laboral tiene una relación directa con el trabajo migrante. Según el informe sobre Trata Laboral de la Protex 2014 , un 70% de las víctimas son de nacionalidad extranjera, y a su vez, los/las damnificados/das  argentinos/as  provienen de provincias o regiones distintas al lugar en donde se concreta la explotación. El hecho de trasladar a alguien con el fin de darle un empleo, el desarraigo que le representa, la contratación informal y para trabajos periódicos, son circunstancias que acrecientan su vulnerabilidad. Esta situación puede ser aprovechada para imponer condiciones de trabajo abusivas que traspasan las fronteras del derecho laboral e ingresan como formas modernas de esclavitud y reducción a servidumbre.

La explotación laboral muchas veces es invisibilizada por la sociedad debido a prejuicios que discriminan al  migrante, como el racismo y la xenofobia que naturalizan el delito bajo falsos supuestos de que esas condiciones de explotación serían parte de la “cultura” de las personas explotadas.

Esta especial vulnerabilidad del trabajador/a migrante es contemplada por documentos internacionales  y nacionales que establecen que los estados deben aplicar a los inmigrantes sin discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo deben un trato igualitario al que aplique a sus propios nacionales en relación a remuneración, seguridad social, vivienda, afiliación a organizaciones sindicales.

Las principales zonas de captación resultan ser Bolivia, Paraguay, Perú y China y provincias del norte argentino como Salta y Santiago del Estero, mientras que los centros urbanos en los cuales se encuentran los sectores de producción, en especial la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son sitios de acogimiento y donde se concreta la explotación laboral.

En los casos de trata laboral, los lugares de destino de actividades por la mayor vulnerabilidad de los sujetos utilizados como mano de obra para tales mercados son la actividad textil y la actividad rural. En menor medida han sido denunciadas la explotación en trabajo en casas particulares y en el rubro de comercio.

El delito de trata con finalidad de explotación laboral tiene varias etapas: ofrecimiento, captación, traslado y recepción. Es un ciclo que se constituye a través de diferentes actores.

Reclutadores y transportistas: quienes captan a las víctimas y organizan sus traslados.

El engaño sobre las condiciones de trabajo es la forma más frecuente de captación. La extensión de la jornada laboral, las condiciones de salubridad e higiene y las condiciones habitacionales son ocultadas a los y las trabajadores/ras al momento de la oferta y luego se padecen en el lugar de explotación.

Durante el traslado, las víctimas son acompañadas por los tratantes. En el caso de la explotación rural, el traslado a las cosechas suele estar intermediado por los llamados “cuadrilleros”, que obtienen un porcentaje del salario del trabajador. Por los abusos que estas modalidades suelen dar, la Ley de Trabajo Agrario (Ley  26.727) prohíbe expresamente la contratación de personal a través de intermediarios.

Encargados/as: suelen ser más de dos personas con un rol jerárquico para llevar la explotación. Las condiciones de explotación son posibles a través de: - las demoras en los pagos, con distintas excusas como puede ser la del ahorro o la correcta custodia del dinero. - descuentos ilegales, sobreprecios en productos básicos como agua, comida, ropa de trabajo, cobro de pasajes para ser trasladados -todos elementos que deben estar a cargo del empleador y no del empleado-

Grandes empresas, empresarios/as, financistas: son los beneficiarios de la explotación comercial de lo producido por las víctimas.  Tienen responsabilidad penal y se debe avanzar en las investigaciones para identificar el aspecto patrimonial del delito y los bienes sujetos a decomiso.

https://www.comitecontralatrata.gob.ar/explotacion-laboral_p216

EXPLOTACION INFANTIL EN COLOMBIA

Agencia de información laboral

La problemática del trabajo infantil en Colombia: muchas aristas y pocas soluciones —Informe especial—

Autor: Agencia de Información Laboral- ENS
Correo-e del Autor: informacionlaboral@ens.org.co
Noticia publicada el (mes/día/año): 08/05/2013
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La problemática del trabajo infantil en Colombia: muchas aristas y pocas soluciones —Informe especial—

Niños, niñas y adolescentes que venden dulces, limpian carros, hacen malabares, interpretan canciones, cocinan, lavan ropa, cargan agua, etc., etc., en el tiempo en que deberían estar en la escuela, es algo tan común y cotidiano que la sociedad parece ya haberse acostumbrado a verlo como un “mal inevitable” de los difíciles tiempos que corren. Y no sólo en Colombia, pues es un flagelo mundial. El siguiente informe, preparado por esta Agencia de Información, se ocupa del tema y trata de sus causas, consecuencias y posibles soluciones.

En Colombia los índices de trabajo infantil continúan siendo alarmantes y representan una grave vulneración a los Derechos de la Niñez. Según cifras del DANE, en el último trimestre del 2012 se registraron 1.111.000 niños y niñas trabajadores, muchos de ellos en actividades que realizan ante los ojos de toda la sociedad, en lugares públicos y concurridos. Otros, en peores condiciones, se dedican a labores como el trabajo doméstico y la explotación sexual sin dejar de lado a aquellos que empiezan a realizar actividades para grupos al margen de la ley, actividades éstas catalogadas como las peores formas de trabajo infantil.

“Pequeño pescador”, foto de Francisco Blanco Martinez. Del concurso Latinoamericano de Fotografía Documental.

La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como aquel que “priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. Es decir, el fenómeno se presenta cuando las actividades laborales de los niños y niñas perjudican su desarrollo físico y emocional y los llevan a la desescolarización. Según la OIT, no debe mirarse de forma negativa el hecho de que un niño o una niña ayude a sus padres en algunas labores del hogar o en negocios familiares, siempre y cuando no descuiden la escuela ni se les vulneren los derechos a la recreación, la salud y el buen trato.

Colombia tiene una clara legislación al respecto. El artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia fija los 15 años como edad mínima para trabajar, y aclara que los adolescentes entre 15 y 17 años requieren de autorización por parte del Inspector de Trabajo o, en su defecto, del ente territorial local, y deben tener las protecciones consagradas en la Constitución Política, el régimen laboral y normas que lo complementan; y en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Tienen además derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente un arte, oficio o profesión. Esto, porque los adolescentes que trabajan están en mayor riesgo de abandonar la escuela. Según datos del Ministerio del Trabajo, en 2011 el 28% de éstos se registraron como ocupados, en contraste con el 9% de los menores entre 5 y 14 años (1).

El problema del trabajo infantil también está marcado por la condición de género, con implicaciones diferenciadas para niños y niñas. “Los niños, en un mayor número, se dedican al trabajo de calle, mientras que las niñas se emplean más en labores domésticas. Pero sea cual sea su oficio, los menores dedican la mayor parte de su tiempo a actividades tan demandantes, que pierden todo espacio para la educación y la recreación”, explica Elsa Nidia Toro, de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín.

En la mayoría de los casos la realidad contrasta fuertemente con lo establecido por la ley, la cual ordena que solo en casos excepcionales podrán concederse permisos a niños y niñas menores de 15 años para desarrollar actividades culturales, artísticas, deportivas o recreativas con remuneración, siempre y cuando no sobrepasen, bajo ninguna circunstancia, las 14 horas de trabajo semanales. No obstante, muchos menores de 15 años ejercen actividades laborales sin remuneración durante jornadas extenuantes, que superan por mucho el tiempo estipulado en el Código de la Infancia y la Adolescencia.

¿Por qué hay trabajo infantil?

En un país como Colombia, una de las razones más comunes para que los niños y niñas cambien la escuela por el trabajo, es el alto índice de pobreza y exclusión que afecta a miles de familias.

Según el DANE, el 49.9% de los niños(as) y adolescentes trabajan para contribuir a la economía de la familia. En igual sentido, un estudio entre 176 niños y niñas de Medellín adelantado por Gloria Amparo Henao, directora de Corporación Educativa Combos, encontró solo dos casos de explotación laboral, entendida como acto coercitivo por parte de adultos hacia los niños. “Por ello hay que aclarar que la mayoría de las veces no se trata de explotación por parte de sus familias, sino que como no hay empleo digno para los adultos, éstos necesitan el apoyo del trabajo de sus propios hijos, así sean menores de edad”, señala Henao.

Si bien muchos padres que viven en la pobreza consideran que el ingreso que aporta el trabajo de sus hijos es crucial para la supervivencia del grupo familiar (ya sea porque los adultos están desempleados o porque su remuneración es tan baja que no alcanza a cubrir las necesidades mínimas de la familia) (2), existe otro factor que puede pasar desapercibido, pero que resulta significativo a la hora de analizar el origen del trabajo infantil: el factor cultural.

Minerito colombiano. Foto Gerardo Chávez. Del Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental.

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En la sociedad se ha instalado el imaginario que establece que la realización de actividades laborales desde temprana edad, le posibilita al ser humano acendrar el sentido de la responsabilidad y desarrollar habilidades y competencias que le servirán para desenvolverse mejor en la vida. De ahí la tendencia a ver el trabajo infantil como algo natural, y en ese escenario “los adultos se aprovechan de esa aceptación y emplean a niños y niñas porque saben que son más rentables y despiertan mayor sensibilidad en las personas”, explica Elsa Nidia Toro.

Esta situación, según Gloria Henao, se conoce como “infantilización de la pobreza”, que se hace patente en la preferencia social de comprar servicios y productos a un menor antes que a un adulto, lo que contribuye a que el menor perciba que el mundo laboral trae más ventajas que el escolar. Es frecuente escucharlos decir que trabajan por gusto o porque un empleo les da ingresos que la escuela no. Datos del DANE lo confirman: el 35% argumenta que “les gusta trabajar para tener su propio dinero”. A otros les refuerza el sentimiento de autonomía, les parece divertido jugar al mundo de los adultos.

Los niños, niñas y adolescentes no siempre trabajan por gusto o por solidaridad con sus familias. Muchos son víctimas de explotación. Detrás de algunos niños trabajadores está el negocio de un adulto, que muchas veces se queda con todo el dinero y los hace trabajar en condiciones muy perjudiciales. Además, para muchos adultos los menores son personas más ingenuas y dóciles, por lo que prefieren emplearlos antes que a uno mayor de edad. Eso de alguna manera se refleja en las cifras del DANE: el 46,1% son “trabajadores sin remuneración”.

No se judicializa a los explotadores

Pero, ¿quiénes son los principales empleadores de los niños y niñas? En algunos casos son los mismos padres u otros familiares, quienes utilizan su trabajo para incrementar los ingresos familiares. En otros casos son personas que aprovechan la situación de abandono de los niños y niñas, bien porque desertan de la escuela y no cuentan con la debida vigilancia de sus padres, o porque quieren trabajar para ayuda a su familia.

Es necesario subrayar que una de las causas de que las peores formas de trabajo infantil persistan con índices tan elevados, es la falta de severidad a la hora de castigar a los adultos culpables de ello.

“La mayoría de las veces no se judicializa a las personas que explotan laboral o sexualmente a los niños o que los involucran en grupos delincuenciales. Se necesita el concurso de la Policía, la Fiscalía y otras autoridades competentes para que se encarguen de la parte legal, porque la parte social no tiene la competencia para encargarse de todo”, dice al respecto Elsa Nidia Toro.

Los estragos del trabajo infantil

A primera vista el principal efecto del trabajo infantil es la deserción escolar, lo que perjudica no solo su nivel intelectual y su formación personal y académica, sino que los aleja de espacios de socialización con otros niños. Lo que “limita las capacidades comunicativas y fragmentan el pensamiento, debilitando las habilidades necesarias para la inserción social” (3), dice en un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Otro efecto es la perpetuidad de la pobreza. Si al niño se le enseña que trabajar a cambio de unos pocos ingresos es más rentable que educarse, se le está dando un mensaje errado, pues darle más importancia al trabajo que a la educación solo logra que la informalidad se mantenga durante toda la vida.

Las secuelas físicas son otro efecto importante, porque los empleadores pocas veces les brindan un trato digno. Debido a largas y extenuantes jornadas, posiciones del cuerpo rígidas y monótonas, y mala alimentación, muchos niños y niñas sufren deterioro en su salud. Su vulnerabilidad física es más alta porque todavía están en etapa de crecimiento, su cuerpo no está completamente desarrollado. Aunque hay algunas actividades más riesgosas que otras, todos los trabajos representan peligros, relacionados no solo con el estado de salud sino con accidentes de todo tipo.

Pero más allá de la salud física, existen riesgos de orden sicológico y moral. “La calle es altamente peligrosa para los menores, corren el riesgo de volverse resentidos y de adquirir comportamientos inadecuados a la hora de resolver conflictos, porque en la calle casi nunca se dialoga para arreglar dificultades. Además, se pueden tornar irritables, por las pocas horas de sueño que muchos tienen”, explica la directora de la Corporación Combos.

A lo anterior se suma otro riesgo, especialmente para los niños y niñas que trabajan en ambientes callejeros: el consumo de sustancias psicoactivas, consumo que en muchas ocasiones es presionado. Además, pueden terminar en situación de mendicidad o de explotación sexual, lo que agrava su situación.

Erradicar el trabajo infantil, tarea urgente

¿Es posible disminuir los índices de trabajo infantil en un país que no tiene una política pública en la materia y no hace el esfuerzo necesario para disminuirlo?

La tarea conjunta entre el Gobierno, el ICBF y las ONG que trabajan por la niñez es clave para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. Sin embargo, pareciera que las medidas tomadas no son suficientes y el problema no solo persiste sino que aumenta. Elsa Nidia Toro reconoce que “muchos de los proyectos desarrollados han fracasado, por lo cual se deben emprender otros que no propendan por la institucionalización de los menores sino por su reintegro a la vida escolar y familiar”.

Una manera eficaz de controlar la problemática es interviniendo directamente a las familias de los menores, no sólo para que entiendan que para éstos es más importante la educación que el trabajo, sino para buscar la manera de que las familias accedan a programas que mitiguen la precariedad en la que viven.

La Escuela también debe ser foco de intervención. Las estrategias metodológicas y los fines educativos deben adaptarse al contexto de los niños y niñas que trabajan. Es decir, el trabajo les “genera cambios en su crecimiento y desarrollo, que requieren de una mirada distinta de sus actitudes, su corporalidad, sus emociones e intereses y, por tanto, del diseño de estrategias educativas acordes con sus realidades” (4).

En Medellín, por ejemplo, se adelantan proyectos que incluyen a directivas y docentes de instituciones educativas, con el fin de lograr la permanencia de los estudiantes en las aulas. Esta labor no se limita a las jornadas académicas, sino también a programas y actividades culturales, deportivas, artísticas, recreativas y relativas al uso de tecnologías, que desarrollan después de cumplir con sus responsabilidades escolares.

En la tarea de erradicar el trabajo infantil surge la necesidad de trabajar con toda la comunidad, en tanto que el problema no es solo de las familias, las escuelas, las ONG o los gobiernos. Se trata de un asunto que le compete a toda la sociedad y solo puede encontrar una salida asertiva en la medida en que se interiorice la premisa de que adquirir los productos y servicios que ofrecen los menores solo ayuda a mantener la problemática, pues al fin de cuentas si el trabajo infantil no tiene rentabilidad, éste está destinado a desaparecer.

Para otros expertos el trabajo infantil es un síntoma de la inequidad social. Es la tesis de Ana Teresa Vélez, coordinadora del tema Trabajo Infantil de la Escuela Nacional Sindical, quien afirma si bien los programas asistencialistas ayudan, no mitigan sustancialmente la problemática. En su concepto, es imperativo construir políticas públicas de trabajo decente para los adultos. La reducción del trabajo de los niños, niñas y adolescentes solo será posible si se mejoran los índices de equidad y disminuyen los de la pobreza, el desempleo y la informalidad.

Notas:

(1) Ministerio del Trabajo. Informe sobre el comportamiento del trabajo infantil en Colombia, según la ENTI 2011. Bogotá: 2012. Pág. 7.

(2) Gil Batista, Anne. Análisis del trabajo infantil en Colombia: perspectiva legal y psicológica. Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá: 2006. Pág. 51. Extraído el 25 de junio de LINK

(3) De La Fuente, Cecilia. Lineamiento técnico para el programa especializado de atención a niños, niñas y adolescentes vinculados a peores formas de trabajo infantil con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bogotá: 2010. Pág. 5.

(4) Henao, Gloria Amparo. Haciendo resistencia desde la escuela. Corporación Educativa Combos. Medellín: 2008. Pág. 40.

http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=Na--;13;-;-;&x=20167982

Los Derechos De Los Animales

En Colombia, la ley es permisiva con casos atroces 

de maltrato animal

Para expertos, torturas en corralejas en la Costa son exceptuadas por Estatuto de 

Protección Animal.

Por:  Redacción EL TIEMPO

12:41 p.m. | 23 de enero de 2015

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/maltrato-animal-en-colombia/15120257

El descuartizamiento de un caballo gravemente herido en Buenavista (Sucre) y la matanza de un toro en Turbaco (Bolívar), ambos hechos ocurridos en corralejas celebradas a comienzos de año, dejan al descubierto los vacíos que tiene el país para castigar y condenar el maltrato animal.

Es más, la propia legislación impulsa a que hechos como estos se cometan.

De hecho, aunque el Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 1989) condena formas de maltrato como golpes, quemaduras, cortadas, punzadas, mutilaciones, someterlos a una muerte agónica o convertir ese sufrimiento en espectáculo, a renglón seguido exceptúa el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas de gallos.

“En resumen, el maltrato no es delito, y, como no lo es, esto lleva a que la gente no tenga reparos en cometerlo”, asegura Javier González, experto en bioética e integrante del Observatorio Animalista de la Universidad Javeriana.

Por eso, no obstante el rechazo y la indignación que generaron los videos en los que se revelan esos crueles actos, poco se podrá hacer para condenar y castigar a los responsables del maltrato animal.

Ni siquiera un hecho como el ocurrido en Tuluá (Valle), con un grupo de gatos que fueron amarrados y torturados para que ‘participaran’ en una carrera, podría castigarse ejemplarmente.

Para todos estos casos, el estatuto no impone condenas sino contravenciones, llamados de atención o penas de arresto preventivo de uno a tres meses (excarcelables). Si bajo ese maltrato, el animal queda lisiado o muere, la sanción aumenta a un máximo de cuatro meses de arresto, y si se hace en vía pública, el arresto será de seis meses. Se incluyen multas que no superan los 100.000 pesos.

El Código de Policía, por su parte, impone otras sanciones que no pasan de los 700.000 pesos.

“Hoy, los castigos dependen mucho del costo del animal, y de que el propietario denuncie. La vía que queda es que los afectados o ciudadanos tramiten acciones populares para que hayan sanciones administrativas a alcaldes o secretarios de Gobierno por no tomar medidas que evitaran ese maltrato”, dice Eduardo Peña, de la organización Animal Defenders International.

Y es que los escandalosos casos de Buenavista, Turbaco y Tulúa tampoco pueden ser sancionados con el Código Civil, donde los animales son considerados bienes muebles, es decir, cosas. (Lea aquí: Solo Cereté y Sincelejo suspenden corralejas)

De ahí que en el Congreso haya en curso tres iniciativas que buscan reformar la normatividad, para que los animales pasen a ser considerados seres sintientes (que sienten), con lo cual adquieren derechos, como ocurrió en Buenos Aires con una orangután (Ver intertítulo más adelante).

Dos de esos proyectos, cuyos autores son Marco Avirama y Juan Carlos Losada, ya fueron radicados y buscan incluso incorporar la protección animal en la Constitución. La tercera iniciativa la anunció el senador Armando Benedetti.

Pero a pesar de los intentos de proteger a los animales mediante una ley, Peña dice que no todo debe depender de lo que haga el Congreso. Las alcaldías podrían expedir políticas públicas que eviten el maltrato, como estimular espectáculos sin animales (lo ha hecho Bogotá), restringir el uso de vehículos de tracción animal, obligar a las personas a tratar adecuadamente a los animales de compañía o promover programas de esterilización para evitar la sobrepoblación, entre otras”.

Los tres casos recientes que han quedado sin sanción

La Fiscalía estableció que en la muerte del toro a manos de espectadores en Turbaco (Bolívar) no hubo delito, porque el hecho no está tipificado en el sistema penal colombiano. Por tal razón, nunca emprendió acciones para pedir medida de aseguramiento o imputar cargos en contra del hombre que quedó grabado en un video atacando al animal, ni en contra de la turba que lo acompañó en la agresión con patadas y piedras.

Ante la Sociedad Internacional Protectora de Animales acudió la Sociedad Protectora de Animales de Sucre para que se condene lo ocurrido en Buenavista con el caballo que fue descuartizado tras quedar gravemente herido en una corraleja. Por lo pronto, el presidente de la ONG regional, el médico Muffit Salaiman, pide a los alcaldes del departamento “abolir esta práctica morbosa y violenta” y propone “cambiar ese espacio por actividades culturales, indígenas y festivales”.

Un llamado para que no se vuelvan a realizar carreras de gatos es la única decisión que hasta el momento han tomado las autoridades de Tulúa (Valle) contra los responsables de torturar con estallidos de pólvora a gatos que estaban amarrados para que salieran a correr, en una competencia durante la celebración del Día de Reyes en el corregimiento La Marina. El programa, con apoyo de la Alcaldía y con patrocinio de 16 entidades oficiales y privadas, también incluía marranos engrasados. Las ONG defensoras de animales anunciaron que consultarán ante las autoridades qué medidas se pueden adoptar.

Tribunal concede derechos a orangután en Argentina

En un hecho inédito, la Cámara de Casación Penal de Argentina concedió un hábeas corpus a una orangután del zoológico de Buenos Aires, al reconocerle sus derechos básicos como sujeto no humano.

Con esta decisión, a Sandra, la orangután de Sumatra que ha pasado 20 años en cautiverio, se le reconoce como persona jurídica y podrá gozar de libertad en una reserva en Brasil.

La demanda la puso la Asociación de Funcionarios y Abogados por el Derecho de los Animales (Afada).

JAVIER SILVA HERRERA

Redacción Vida

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/maltrato-a

¿Donde estabas tú cuando yo estaba herido?


Habían pasado dos días sin conseguir algo que llenara mi estómago,
el sol de medio día era absorbido por mi pelaje oscuro y la sed se hacía insoportable,
como siempre sin rumbo comencé a subir un camino asfaltado,
creí escuchar el sonido del agua y me dispuse a cruzar la calle.
Todos los pensamientos fueron arrancados de mi mente,
un fuerte golpe hizo que rodara sobre mi cuerpo,
quise levantarme y correr, mis patas traseras no me respondieron.
Me di vuelta y una parte de mi cuerpo había sido arrancada,
confundido y terriblemente adolorido me arrastre sobre las patas delanteras hacia unos fierros en busca de protección, mientras tanto muchos vehículos pasaron velozmente por mi lado,
el sol no dejaba de quemar mi cuerpo,
la sed había sido sustituida por un dolor cada vez más intenso.
Mientras alucinaba escuche la voz de mi amo llamándome "... ¡¡ Negro !!..",
creí que me buscaba y trate de incorporarme una vez más, no había nadie,
solo estaba soñando, al terminar la tarde estaba demasiado débil para incorporarme,
entraba de rato en rato en largos sueños que trajeron a mi mente los días felices,
mi madre, mis hermanos, mi nueva casa, los niños que jugaban conmigo,
una vida sin problemas.
Un día por algún motivo todos se fueron, se llevaron lo muebles,
las plantas y la casa quedó vacía.
Vi muchas lágrimas en los niños cuando se despidieron de mi
y yo no entendí nada de lo que pasaba.
Como siempre los acompañaba, corrí detrás del camión para despedirlos,
esa noche los esperé hasta tarde,
como no llegaban y hacía demasiado frío comencé a rascar la puerta y nadie me abrió,
pasaron muchos días esperando,
di vueltas por el barrio en busca de comida y aprendí a sobrevivir de basura,
los golpes y el desprecio se hicieron cotidianos junto al hambre,
la sed y el frío un frío tan intenso como el que comenzaba a sentir ahora,
junto con el dolor que no me dejaba descansar.
El silencio de la noche era interrumpido por las luces de los vehículos que pasaban muy cerca mío como si no existiera,
al llegar la madrugada sentí un dulce calor en el cuerpo,
una sensación de abrigo que cogía mi vida del frío pavimento,
supe que no los volvería a ver que era hora de partir,
tal vez a un lugar mejor,
y mi mente se volvió a preguntar lo que había estado presente todo este largo día:
DONDE ESTABAS TÚ CUANDO YO ESTABA HERIDO?.


Susana Carpio Ormachea

http://ojosabiertos.galeon.com/aficiones1607572.html

VIDEO DE PERSONAS QUE SE COMPADECEN DE LOS ANIMALES